La crisis que nos carcome ha deparado múltiples análisis, sobre todo de esa ciencia inexacta, tan dependiente de los presupuestos ideológicos, que llamamos economía. También los sociólogos, psicólogos y politólogos han metido el escalpelo en este cadáver nada exquisito en que se está convirtiendo Europa. El fenómeno es de tal magnitud que exige otras hermenéuticas que apuntan hacia lo axiológico, porque también estamos en una crisis de valores. En un mundo que ha laminado las humanidades, donde parece que rigen en exclusiva las disciplinas mensurables, esto puede sonar a metafísica, pero la antropología ha demostrado que el ser humano acompaña sus distintas culturas de un sistema de valores determinado y acompasado al devenir histórico. Así pues, no estaría de más recurrir a esta perspectiva etológica para arrojar algo de luz en este túnel que atravesamos y que es especialmente oscuro es España, nuestro campo de estudio.
El franquismo se sustentó en un edificio axiológico de descomunal hipocresía. España como “faro de occidente”, reino de la “paz y prosperidad”, ejemplo de “civilización cristiana”, “democracia orgánica”, etc. La mendaz ideología nacional católica (en las antípodas de los genuinos valores evangélicos) arropó el dominio de las oligarquías económicas, militares y eclesiásticas, al tiempo que impregnaba todo el tejido económico, sociológico y cultural de un país amordazado. Las cajas de ahorro -no en vano llamadas “montes de piedad”- eran un ejemplo de esta manera de operar “por el Imperio hacia Dios” que justificaba con falso pietismo las operaciones financieras de la casta privilegiada. Conforme avanzó el desarrollismo de los sesenta, la expansiva clase media fue forjando un sistema de valores paralelo basado en el esfuerzo personal y familiar que garantizó cierto éxito económico hasta la democracia.
La “cultura de la Transición” deparó un reposicionamiento de las oligarquías, que adquirieron los hábitos (más en el sentido de vestuario que de costumbre) democráticos y la emergencia de una nueva clase política en la que también se fue posicionando la izquierda socialdemócrata. Los españoles se lanzaron a una carrera en la reclamación de derechos, entendible tras tantos años de represión fascista. Nuestro régimen de libertades respondió a ese lícito impulso, pero también estaba impregnando el tejido social una tendencia a que esos derechos fueran patrimoniales, vitalicios y no siempre acompañados de deberes. Tanto habíamos sufrido en la dictadura que los profesores no numerarios serían automáticamente profesores titulares, los contratados públicos funcionarios y así en una cadena de reivindicaciones que convirtieron nuestra administración en una maquinaria a la larga inviable. También en el tejido laboral predominaron estos planteamientos reivindicativos, justificados sin duda, pero sin contrapesarlos con otros mecanismos que incentivaran la productividad. Así mismo con el avance del “capitalismo en democracia” fue arraigando en una España que no había realizado la “revolución protestante” una cultura materialista en la que el dinero era lo más importante. La ética del esfuerzo que habían asumido las clases medias durante el desarrollismo fue virando hacia el oportunismo del pelotazo, obscenamente exhibido por la élite financiera (el mito de Mario Conde) y jaleado por los mass media. En el español de a pie fue arraigando la idea de que lo más importante era colocarse, más que demostrar capacidad, operatividad y excelencia. Los partidos políticos y las organizaciones sindicales contribuyeron enormemente a ello convirtiéndose en agencias de colocación. De manera sostenida y pertinaz los dos grandes partidos políticos principalmente, en connivencia con las organizaciones sindicales y patronales, fueron acaparando esferas del tejido productivo y social para colocar a sus peones en empresas públicas y semipúblicas, televisiones, cajas de ahorro, etc. Así se ha ido orquestando la gran mentira de la “cultura de la Transición” (en eso ha habido continuidad con el franquismo): la apropiación de las parcelas públicas por la clase senatorial en nombre del legítimo ejercicio democrático. El cortijo financiero de las cajas de ahorro ha sido el primer embuste en desbaratarse de esta enorme estafa. Lo estamos pagando todos los ciudadanos mientras los responsables quedan impunes por la complicidad del PPOE, ese monstruo bicéfalo que es el principal beneficiado y que reparte las migajas entre otros partidos, sindicatos y patronal. ¿Cuánto tardarán en caer los otros chiringuitos? Me temo que eso está en manos de unos ciudadanos indignados, hartos pero también atenazados por un miedo que la clase política está interesada en socializar. La casta senatorial mantendrá su privilegiada situación con la amenaza de “nosotros o el caos”… Los votantes tenemos la responsabilidad de terminar con ese chantaje, que parece resultar efectivo (ahí está el caso griego).
Resulta curioso comprobar que mientras la crisis ha empezado a horadar el Estado de Bienestar y, en consecuencia, a desmontar esa mentalidad garantista que había adormecido un poco al ciudadano medio ibérico, nuestra “clase senatorial” no se mueve ni un milímetro de sus posiciones de privilegio patrimonial. Los tremendos sacrificios que están asumiendo las clases trabajadoras apenas les afectan. Mientras los ciudadanos asumimos a la fuerza una nueva ética de la supervivencia (mucho más los miles de jóvenes obligados a emigrar), los políticos y sus paniaguados refrendan su supervivencia en el limbo ventajista. La derecha desgobernante, que nunca ha tenido otra moral que la de aprovecharse del poder en todos sus recovecos, está recurriendo a las mentiras más escandalosas para justificar lo injustificable. Su nivel ético ha sido y es deplorable (ya lo demostraron en la crisis del 15M, lo confirma el “¡que se jodan!” de la niña Fabra). A su vez los socialistas están hipotecados por su arraigo en el referido régimen de privilegios, por lo que no tienen autoridad moral para presentar una alternativa creíble. Unos y otros saben que las decisiones ahora se toman en Berlín o en Bruselas y todos sus esfuerzos se encaminan a mantener su estatus. Ante este chantaje se impone un rearme moral de la ciudadanía que obligue a los causantes de los desfalcos financieros o de otro tipo a asumir sus responsabilidades (por la vía judicial, pero también política), que acabe con los privilegios de esta casta senatorial y el uso filibustero que hace de las instituciones… Ellos han demostrado que no quieren cambiar su ética ventajista, por lo que tendremos que ser nosotros quienes les obliguemos. Correremos el riesgo de que nos llamen antisistema, pero ante un sistema podrido e injusto, nacido de un secuestro interesado de los estamentos democráticos, ¿no es un rasgo de decencia declararse “antisistema”?
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